Sabado 04 de Setiembre del 2010 - 3: 07pm • Tercera edición
Por: Juan Antonio Rodríguez C.
Cualquier político que esté en plena campaña política lo primero que se le ocurre es prometer solucionar los problemas y las necesidades de los pueblos.
Esta es la parte más fácil de una campaña sobretodo si se está en la oposición y si, como ahora pareciera, existen los recursos financieros adecuados para financiar todo ese montón de cosas.
Recuerdo cuando participaba en el financiamiento de las municipalidades y en las reuniones en los concejos municipales hablábamos de la enorme cantidad de necesidades que había en los cantones.
Había que arreglar los caminos vecinales para sacar los productos, construir el acueducto y los alcantarillados; comprar maquinaria para la recolección de deshechos sólidos y su tratamiento; había que pavimentar las calles del centro de la ciudad, construir un matadero y hasta por lo menos, arreglar el palacio municipal, que de palacio no tenía nada porque era un pobre galerón que se estaba cayendo.
Le empresa que yo representaba tenía la plata, a muy bajo costo porque nos la habían regalado los gringos y estábamos dispuestos a prestarla para hacer todas aquellas cosas.
Pero bueno, vayamos en orden les decía: había que hacer un estudio de factibilidad para cada cosa y además, por supuesto, los diseños y planos; los cuales tenían que hacerse por licitación pública, con lo cual ya empezábamos a comprender que la solución no era inmediata.
Bueno pero todo eso se puede hacer, me decían algunos ingenuos regidores, sin comprender todavía lo complicado que era todo ello. Sí, les decía y hasta podemos pedirle a MIDEPLAN que nos regale la plata para esos estudios. Pero ¿y si la gente no pudiese pagar los proyectos?
Y aquí empezaba el verdadero problema: la capacidad de pago de una población.
En el caso de las municipalidades existe una ventaja con respecto al Estado. Generalmente los proyectos tiene un diseño para una población pequeña y por tanto es "factible" una sana recuperación entre los beneficiarios directos. En el Estado esto no es tan claro. Por ejemplo se construye el alcantarillado del Área Metropolitana y aunque la ley establece que se les debe cobrar a los beneficiarios directos, o sea a los habitantes por donde pasa el alcantarillado, el asunto no es tan sencillo.
Resulta que el costo de ese proyecto es tan elevado, por el área técnica de diseño, que si se cobrara sólo al beneficiario directo, muchos de ellos tendrían que vender la propiedad para pagar las tarifas.
Como sea, en cualquier lugar donde se realice un proyecto el problema está en poder medir si la gente tiene capacidad de pago, sin tener que hacer sacrificios de otras cosas igualmente importantes. Y más complejo se vuelve el asunto si quisiéramos hacer varias obras a la vez, o sea pagar simultáneamente un aumento en el servicio de agua y alcantarillados, pagar por la pavimentación de las calles y el cordón; y a la larga por un aumento en la carne por tener un matadero moderno.
Bueno a más de un político, como algunos que me acompañaban en esas giras, le importaba poco. Lo trascendental para ellos era aprobarles los préstamos, luego veremos cómo se pagan, me decían.
Pero qué pasa si un proyecto público no se puede recuperar entre los beneficiarios, pues el Estado tendría que asumirlo. Y cómo lo asume, aumentando los impuestos que al fin y al cabo viene a resultar en lo mismo: disminuir la capacidad de ingreso de las personas.
Ahora salen los políticos de turno señalando el montón de necesidades que tienen los pueblos de nuestro país y el dinero que está disponible a la vuelta de la esquina. Como si no hubiese que pagar cada uno de los proyectos y como si los dueños de esos dineros, ustedes y yo, nos importara poco que esa plata se recuperara.
¡Ah! y no se trata simplemente de decir cambiemos el destino de esos fondos, en vez de tener certificados del Tesoro, prestémoslo a unos compatriotas que lo necesitan. Qué nobleza, qué desprendimiento, ¿de cuando a acá? (como decía mi madre).
No así no es, cuando esos recursos se destinen a un fin específico o a un proyecto de carácter social, posiblemente la mayoría de los dueños de esos recursos (me atrevo a pensar que todos) platearíamos un recurso de amparo para que se nos deje participar en el destino de nuestros recursos. Porque claro, allá donde están nos pagan poco, pero nos pagan. ¿Pero y si aquí no nos pagaran?
Nada hacen por el país los políticos que andan anunciando que si llegasen al poder van a solucionar este y aquel problema que tienen las poblaciones y que el actual gobierno no ha querido atender, aún teniendo los recursos disponibles.
Los proyectos se deben hacer uno a uno, estableciendo prioridades, capacidades de endeudamiento del país y sus ciudadanos, analizando si los recursos que tenemos ahorrados es mejor dejarlos como una reserva y pedir prestado dinero barato, etc.
Las obras y los proyectos públicos no se pueden hacer en tropel como si fuera sólo de soplar y hacer botellas.
De nuevo para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado como cuando se está en campaña política.
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Lic. Juan Antonio Rodríguez C.
Economista con especialidad en la formulación y evaluación de proyectos. Consultor privado en la elaboración y ejecución de diversos proyectos en sector público y privado. Asesor económico y financiero de la Gerencia de Administración y Finanzas de Recope. Asesor económico y financiero de la Gerencia de Mercadeo y Distribución, Recope. Analista financiero y económico en la evaluación y formulación de proyectos, Gerencia de Comercio Internacional y Desarrollo, Recope. Presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de Recope.
